El semanario de Coahuila
Enviado Por: César Duarte y Ulises Rodríguez
En una decisión histórica que pone fin a los privilegios de quienes utilizan el sistema financiero para esconder recursos de procedencia ilícita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa.
Con esta resolución, la mayoría de las y los ministros -encabezados por las ponencias de Lenia Batres y Loretta Ortiz- enterraron una jurisprudencia de 2018 que, en los hechos, servía como un “escudo de impunidad” para delincuentes de cuello blanco y operadores del crimen organizado.
Anteriormente, la Suprema Corte -en su vieja composición- exigía que para congelar una cuenta, debía existir una petición expresa de una autoridad extranjera (como la DEA o el FBI). Si la investigación era puramente mexicana, la UIF estaba atada de manos.
La sentencia presentada por la ministra Lenia Batres fue contundente: restringir el bloqueo a peticiones extranjeras generaba un “obstáculo innecesario” que imposibilitaba la prevención de ilícitos en suelo nacional.
Ahora, la UIF podrá actuar de inmediato ante sospechas fundadas de lavado de dinero.
El caso que detonó este cambio de criterio fue el de Fresh Packing Corporation, una empresa vinculada a un sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada.
La firma pretendía recuperar depósitos por 2.1 Millones de Pesos y 21 Millones de Dólares en efectivo.
Gracias al fallo de hoy, el amparo les fue negado. La Corte determinó que el bloqueo no es una “pena” anticipada, sino una medida cautelar temporal necesaria para proteger la economía del país mientras se investiga el origen del dinero.
A favor de la medida votaron las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Herrerías, María Estela Ríos y los ministros Hugo Aguilar e Irving Espinosa.
En contra de la resolución votaron la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Arístides Guerrero y Giovanni Figueroa.
Esta decisión se suma a la reforma de la Ley de Amparo de octubre de 2025, la cual ya prohíbe a los jueces otorgar suspensiones automáticas a empresas o personas bloqueadas.
Con esto, se acaba la era en la que un delincuente podía vaciar sus cuentas apenas era detectado, gracias a un juez “amigo”.
Ahora, los afectados tendrán su derecho de audiencia directamente ante la UIF para probar que sus recursos son legales, pero las cuentas permanecerán inmovilizadas mientras dure el proceso.
Panistas estallan contra
Decisión de la Corte
El Partido Acción Nacional reaccionó contra la decisión de la SCJN de avalar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, en casos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Legisladores panistas expresaron su rechazo centrando su discurso en advertencias sobre un supuesto “autoritarismo financiero”, dejando de lado el objetivo central de esta herramienta: combatir el lavado de dinero y frenar el flujo de recursos ilícitos.
El diputado Héctor Saúl Téllez afirmó que la medida vulnera la presunción de inocencia y pone en riesgo a ciudadanos y empresarios, mientras que Federico Döring sostuvo que podría prestarse a abusos políticos.
En la misma línea, Lilly Téllez aseguró -sin presentar pruebas- que esta facultad podría utilizarse de forma selectiva contra “familias, empresarios y ciudadanos honestos”.
Sin embargo, estos posicionamientos omiten un punto clave: la facultad de la UIF no es arbitraria ni definitiva, sino una medida preventiva que forma parte de mecanismos internacionales para combatir delitos financieros.
En distintos países, este tipo de herramientas permite congelar recursos sospechosos antes de que sean transferidos, ocultados o dispersados, lo que resulta fundamental en la lucha contra el crimen organizado.
Además, el bloqueo de cuentas no implica una condena, sino una acción temporal y sujeta a revisión, dentro de procesos más amplios de investigación financiera. Es decir, no sustituye al debido proceso, sino que busca preservar los recursos mientras se determina su origen.
Las afirmaciones que plantean un escenario donde cualquier persona podría ser afectada sin pruebas no corresponden con el funcionamiento real del sistema, el cual contempla mecanismos legales de defensa y supervisión. Pese a ello, el PAN anunció que impulsará una iniciativa para acotar estas facultades, argumentando la necesidad de brindar “certeza jurídica” a los inversionistas, en un debate que vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre seguridad financiera y garantías individuales.