El fiscal señaló que las filtraciones de audios de sus conversaciones con el subprocurador Juan Ramos obedecen a que las investigaciones de la institución están tocando “intereses espurios”.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acusó que la filtración de su conversación con el subprocurador Juan Ramos sobre el caso de Alejandra Cuevas Morán, es en realidad un caso de “extorsión mediática criminal” de parte de grupos a los que está investigando.
Señaló que se trata de un linchamiento en su contra debido a que las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, atentan “contra intereses espurios”.
Los audios filtrados contienen una conversación del fiscal Alejandro Gertz Manero en los que acusa al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán de no haber ‘puesto en el proyecto’ lo que se habría acordado con él, en relación a la situación jurídica de Alejandra Cuevas Morán, acusada por presunto homicidio por falta de cuidados, de su hermano Federico.
Se refirió directamente a las personas involucradas en la denuncia de Juan Collado, los abogados Isaac Pérez Rodríguez, Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández y el financiero David Gómez Arnau, a quienes la Fiscalía busca imputar los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias.
Estas personas, estarían presumiblemente relacionadas con una red dirigida por el ex-consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Gertz rechazó tener enemistad con Scherer Ibarra y descartó intereses personales en las investigaciones de la FGR del caso.
“Yo soy simplemente una víctima y un ofendido en un delito que lleva siete años de litigio en el fuero común, que nunca ha pasado por la FGR, que no hay una sola diligencia en un juicio local porque no podría haberla, y que todo este armado no es más que una extorsión mediática”.
Defendió que no obtuvo ilegalmente el proyecto del ministro Pérez Dayán: “Cuando uno es parte en un juicio en lo personal…es un derecho”.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que hay un acuerdo para llamar a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero, para que explique las llamadas en las que se le aprecia comentando e interviniendo sobre un asunto penal en que él es parte acusadora y que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La comparecencia será programada para después de la sesión de la Corte del 14 de Marzo, cuando se espera que los ministros resuelvan si amparan a Alejandra Cuevas y su madre en el proceso donde son acusadas por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.
Monreal Ávila, indicó que sí ha hablado con Gertz Manero y que cuenta con explicaciones sobre los audios recientemente dados a conocer, aunque deberá ser él mismo quien exponga estos motivos.
El morenista señaló que este tipo de audios sí generan desgaste en las instituciones, pero no quiso comentar si hay ministros de la Corte que hayan sido influenciados por Gertz Manero.
La semana pasada, un juez federal determinó diferir para el próximo 7 de Abril la audiencia de imputación de los tres abogados y un asesor financiero señalados por el abogado Juan Collado.
El juez de control José Rivas González, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, decidió aplazar la audiencia debido a que uno de los abogados señalados, Isaac Pérez Rodríguez, contrajo Covid-19.
La audiencia se llevará a cabo el próximo 7 de Abril a las 13:30 horas. La Fiscalía General de la República (FGR) buscará la imputación de los acusados y pedirá presumiblemente una pena de cárcel de 40 años.
“Lo anterior, para poder estar en óptimas condiciones para que, tanto el agente del Ministerio Público de la Federación, como los imputados y sus respectivos defensores, en su caso, expongan a este juzgador su versión de los hechos con base en los datos que cada uno de ellos aporte, para así mantener la objetividad e imparcialidad del desarrollo de la diligencia, garantizando la igualdad entre los contendientes, para valorar la racionabilidad de los argumentos expuestos por las partes”, señala el acuerdo judicial.