El semanario de Coahuila
Qué tienen en común Andrés Manuel López Obrador en 2004, el encarcelamiento de Lula, la persecución política de Rafael Correa, o la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández.
Enviado Por: Diego Ilinich.-
López Obrador compareció en la Cámara de Diputados, en defensa del desafuero
En México ya vimos cómo se puso en práctica para sacar de la contienda electoral a un referente de la izquierda.
Qué tienen en común el intento de desafuero a Andrés Manuel López Obrador en 2004, el encarcelamiento que le impidió a Lula competir electoralmente en el 2018, la persecución política hacia Rafael Correa, o la condena de seis años de prisión a Cristina Fernández.
Que son estrategias implementadas con el respaldo del poder judicial y los medios de comunicación para desarticular el avance de las fuerzas progresistas en México y en el continente.
Desde inicios del siglo XXI el Lawfare o la guerra judicial se ha implementado en América Latina para lograr principalmente dos objetivos.
El primero de ellos, desarticular a las fuerzas políticas de izquierda para que no compitan en elecciones. El segundo, literalmente, interrumpir los gobiernos progresistas electos por el pueblo para imponer una presidencia afín a los intereses de las élites.
Si bien existen diferencias en cada país, en función de la conformación de los tres poderes de la unión y del respaldo popular hacia las y los líderes de izquierda, la forma de operar es similar.
Desde el poder judicial, que está articulado y opera en favor de las élites, se les inician procesos penales a las y los líderes sociales, los cuales van acompañadas de campañas de desprestigio que giran casi siempre en torno a acusaciones de corrupción, abuso de autoridad o violación de procesos administrativos.
Si bien el objetivo inicial es encarcelar a los liderazgos, el centro sobre el cual gravita la estrategia es el desprestigio y la generación de una percepción pública negativa.
En la medida en que la campaña de desprestigio sea exitosa, las élites económicas, políticas y judiciales decidirán avanzar.
Y aquí no estamos hablando en el plano hipotético o teórico, el Lawfare forma parte de las acciones de desestabilización política implementadas por la derecha latinoamericana para interrumpir procesos de transformación que buscan redistribuir la riqueza y construir condiciones de mayor igualdad social.
El discurso de Amlo en el Congreso sobre su desafuero
En México ya vimos cómo se puso en práctica para sacar de la contienda electoral a un referente de la izquierda. En el 2004 el gobierno de Vicente Fox inició un proceso de desafuero contra el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento se perfilaba como el principal candidato presidencial.
Se le acusaba de faltas administrativas (las cuales ni siquiera tenían origen en su gobierno) por haber construido una calle que conectaba con un hospital.
El tabasqueño se presentó ante la Cámara de Diputados, que como él mismo preveía, votó bajo consigna en favor del desafuero.
En ese momento histórico, la presión del poder judicial y del poder legislativo, así como la campaña de desprestigio implementada por los medios de comunicación, no fue suficiente para mermar el apoyo social con el cual contaba el ahora presidente, que logró convocar a cerca de 1 Millón 200 Mil personas en un mitin en el Zócalo en respaldo a su figura.
Fox tuvo que dar marcha atrás en 2005 al proceso de desafuero, pero ya era demasiado tarde, Andrés Manuel López Obrador alcanzaría una dimensión nacional y encontraría en este ataque el pretexto perfecto y la legitimidad para iniciar su recorrido por todos los municipios del país. Le salió mal la jugada a la derecha nacional.
Si bien este proceso judicial no tuvo el cauce esperado, no por ello dejó de tener consecuencias negativas para el proyecto de transformación del principal referente de izquierda en el país, ya que la campaña mediática implementada en ese periodo fue la antesala donde germinó la campaña de guerra sucia que en 2006 perfilaría a AMLO como un “Peligro para México” y que acabaría por ser importante para el resultado de una elección fraudulenta.
El poder judicial operó en todo momento de la mano con Fox. El poder legislativo, que estaba conformado por una mayoría conservadora que rechazaba el proceso de transformación, no dudó en utilizar a la Cámara de Diputados como un instrumento antidemocrático.
Vicente Fox, sobre el desafuero del 2005: “A veces me arrepiento de haberlo liberado”
El poder ejecutivo no escatimó en la utilización de recursos públicos y humanos para el ataque sistemático. Los medios de comunicación se articularon para presentar a un Jefe de Gobierno culpable. Los Estados Unidos dieron su respaldo político.
¿El fondo de todo ello?. La existencia de un proyecto, que sin llegar a tener la articulación que logró en el 2018, presentaba una propuesta social y económica crítica al modelo neoliberal y a la asociación de éste con una clase política corrupta.
Como menciona Arantxa Tirado “el lawfare es una herramienta más al alcance de quienes mandan en el mundo, ayudados por sus operadores políticos, económicos o judiciales, para seguir perpetuando sus privilegios en un orden económico injusto y desigual” (2021, p. 34).
Una herramienta fortalecida por Estados Unidos, la cual, si bien pueden estar a baja intensidad, no se desarticula ni en México ni en América Latina, esperando la coyuntura adecuada para desestabilizar en favor de los intereses de clase del gran capital.
Esto último es importante, porque no podemos caer en la inocencia de pensar que estas campañas se manejan indiscriminadamente dentro de la contienda democrática, porque no es así.
El lawfare, requiere de la articulación y operación del poder judicial, así como del impulso de los medios de comunicación, y está dirigido expresamente hacia liderazgos de izquierda que cuestionan el régimen neoliberal, lo cual vulnera el pacto democrático en nuestros países.
Se dirige hacia liderazgos que son acusados de corrupción y enriquecimiento ilícito que nunca se les comprueba.
Líderes que son acusados de “incapacidad moral permanente”, como es el caso de Pedro Castillo en Perú, o de “autor mediato por instigación por medio de influjo psíquico” con Correa en Ecuador.
Recientemente este 7 de diciembre el Tribunal Oral Federal condenó a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos por “administración fraudulenta” en una acusación que señala un hecho iniciado en 2003, en una nueva embestida del poder judicial con la máxima líder de la izquierda en Argentina, y una de las mayores referentes en Latinoamérica.
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La acusación viene de un poder judicial argentino que vive en estos días también serías críticas por la filtración de los llamados “Chats del lawfare”, en donde se muestra la articulación existente entre jueces federales y el principal grupo dueños de los medios de comunicación en el país.
De nuevo la articulación perfecta para sacar por la vía no democrática a los gobiernos progresistas: medios de comunicación y el poder judicial.
Dos espacios de poder que no son votados por la gente, que bajo la idea de la supuesta “neutralidad” de la leyes o la “libertad de expresión” campean en la impunidad dentro de nuestras democracias.
Como escribiera Cristina en su libro Sinceramente, quizá previendo ya el escenario que vendría después:
“A esta altura de los hechos, ya es más que claro que el Poder Judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente del Estado y se ha convertido en un verdadero partido que interviene en la vida política de la Argentina por fuera de la ley y de la Constitución, en una suerte de novedoso “terrorismo judicial” que ha suplantado el rol que respecto de los opositores han tenido las dictaduras” (2019, p. 16).
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