*Si bien es cierto que el Pleno de
la Corte deberá determinar el asunto
de la reducción de salarios, tampoco
se vale que sean juez y parte de una
decisión que los evidencia como
responsables de ejercer una ley justa
para todos.
Enviado por Eduardo Blanco.-
Después de que el 1 de Julio pasado Andrés Manuel López Obrador resultara electo como Presidente de México, comenzó a hacer una
serie de declaraciones públicas que llevaría a la práctica una vez asumiendo el cargo, como la reducción de salarios en los tres Poderes de la Unión, comenzando por él.
Sin embargo, las mismas generaron diversas reacciones por parte de quienes podrían resultar afectados, como en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien señaló que los “altos sueldos” de los juzgadores eran “condiciones necesarias, indispensables e ineludibles, para un servicio público de un país democrático”; argumentando la imposibilidad constitucional para ello.
No obstante, mostraron disposición para contribuir al ahorro presupuestal de la Federación, a través de las medidas de austeridad en algunos rubros como compra de vehículos, mobiliario, remodelaciones, apoyos económicos generales al personal como viáticos, pagos de gasolina, etc.
Los legisladores federales de Morena, partido político oficial al gobierno, impulsaron una reforma en le Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que nadie gane más que el Presidente de la República.
Misma Ley que fue impugnada por un grupo de legisladores de oposición, a través de una Acción de Inconstitucionalidad, que dio entrada la Suprema Corte Justicia y otorgo una “suspensión provisional” a la aplicación de la disposición normativa, hasta que el Pleno de la Corte no resuelva del tema.
Lo anterior para efectos legales, es que nadie de manera “obligatoria” en el Gobierno a nivel federal tendrá que reducirse el sueldo, hasta que no se resuelva el fondo de la ley y por consecuencia mete en aprietos a la SHCP quien tendrá que hacer dos versiones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, el que lleva la reducción de sueldos y la que se aplica con los salarios actuales.
También los empleados del Poder Judicial de la Federación reaccionaron promoviendo un amparo a través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, contra la ley en comento.
Bajo este panorama de enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, los Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación se pronunciaron al respecto, argumentando las garantías de independencia, inamovilidad y certeza en las adscripciones de la Judicatura; ejerciendo (señalaron), sus derechos en el marco de la legalidad.
El fondo del asunto legalmente hablando, mas no entrando el ámbito moral, de si es justo o no los actuales salarios de los funcionarios federales, es mantener el equilibrio de Poderes y para el ello el Tribunal Constitucional (SCJN) es el garante del mismo y su sentencia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, es “la última instancia, inatacable e inapelable”, esperamos la resolución.