El semanario de Coahuila
Enviado Por: Ulises Rodríguez
El empresario Ricardo Salinas Pliego habría copiado su defensa jurídica contra el Estado mexicano al llevarla al plano internacional, pues retomó casi al pie de la letra el camino que siguió el venezolano Marcel Granier, dueño de Radio Caracas Televisión (RCTV), quien acusó al gobierno de Hugo Chávez de violar su libertad de expresión tras no renovarle la concesión de su canal.
El pasado 13 de enero, Salinas Pliego presentó en Washington una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la que buscó abrir un nuevo frente legal contra el Estado mexicano.
Lo que, de acuerdo a un reportaje escrito por el periodista Álvaro Delgado, del medio SinEmbargo, resulta una copia de lo emprendido por Granier contra el chavismo.
Se trata de un litigio que, de acuerdo con los antecedentes del propio sistema interamericano, podría extenderse durante varios años, tal como ocurrió con el caso de Granier y como sucedió con los juicios fiscales que el empresario mexicano sostuvo desde 2008 para evitar el pago de impuestos.
Y es que en el caso del venezolano, narra Delgado, luego de que en 2007 el gobierno de Chávez negara la renovación de la concesión a RCTV, la CIDH admitió la petición de Granier hasta 2011, y fue hasta 2015 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia de fondo.
Aunque la Corte ordenó al Estado venezolano devolver la concesión y los activos del canal, esa resolución no se ha cumplido hasta hoy.
En el caso de Salinas Pliego busca que se declare que el Estado mexicano violó sus derechos humanos para, revertir las consecuencias fiscales de los juicios que lo obligaron a comenzar a pagar 51 mil millones de pesos tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre pasado.
Salinas Pliego ya formalizó su denuncia ante la CIDH, retomando los mismos argumentos que utilizó Granier, una supuesta persecución política y violaciones a la libertad de expresión.
Aunque la CIDH no admite denuncias de empresas, sino de personas, en el caso venezolano el organismo concluyó que la negativa de renovar la concesión de RCTV afectó los derechos de sus accionistas, directivos y periodistas.
En su resolución del 22 de julio de 2011, la CIDH determinó que el Estado venezolano incumplió sus obligaciones legales en materia de concesiones y actuó en un contexto de inseguridad jurídica incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese criterio fue retomado años después por la Corte Interamericana.
Salinas Pliego, por su parte, cuyas concesiones de televisión están vigentes hasta 2042, pidió a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene “garantías de no repetición” para proteger la libertad de expresión, el derecho de propiedad y la independencia judicial en el país.
Grupo Salinas no hizo público el documento de más de 100 páginas entregado al organismo, pero informó en un comunicado que la denuncia acusa una supuesta persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada para silenciar al empresario y limitar su participación en el debate público.
El conglomerado, Grupo Salinas, propiedad del empresario mexicano también refirió una reunión que Salinas Pliego sostuvo en Washington con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
En ella, el ultraderechista expuso presuntas represalias del Estado, entre ellas el uso de vocerías oficiales para dañar su reputación, auditorías fiscales excesivas y una supuesta captura del Poder Judicial tras la reforma judicial.
La ruta que ahora inicia Salinas Pliego es larga, según detalla Álvaro Delgado. Pues el sistema interamericano contempla varias etapas: primero, la admisión de la petición; después, un análisis de fondo por parte de la CIDH; y, si no hay una solución amistosa, el eventual envío del caso a la Corte Interamericana, que puede tardar años en emitir una sentencia. El antecedente de su “amigo” Marcel Granier es ilustrativo: ocho años para obtener una resolución y más de una década después, sin que el fallo se haya cumplido. Ese es el camino que ahora el empresario mexicano ha decidido recorrer, utilizando un guion que ya fue escrito antes.