Editorial
“Caso Ayotzinapa”
A siete años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno del presidente López Obrador sigue buscando una historia paralela a la llamada “verdad histórica”, sin poder encontrarla.
La izquierda desestimó las conclusiones de la Procuraduría General de la República, encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, y alentó a los familiares de las víctimas a descalificarlas.
La bandera fue tomada por el candidato López Obrador, quien ofreció justicia para los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Ante la falta de resultados, Encinas y el fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se trasladaron a la barranca La Carnicería, a unos 400 metros del basurero de Cocula. A decir de este último, la FGR “empuja” la hipótesis de que los restos hallados en el río San Juan fueron sembrados.
Por la supuesta manipulación de evidencias, la FGR va por peritos y ministerios públicos que realizaron las primeras investigaciones. Gómez Trejo aseguró que se comenzaron a judicializar carpetas de investigación.
Los verdaderos responsables quedarán impunes. El Gobierno engaña a todos, porque no encontrará una nueva historia que contar. Los 43 fueron asesinados e incinerados por los criminales que contaron con la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales.