El semanario de Coahuila
Enviado Por: Ulises Rodríguez
Las y los legisladores del PAN llamaron al gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, a aceptar y atender la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de la elección judicial.
En voz de Marko Cortés, exlíder nacional y senador del PAN, el grupo albiazul afirmó que todas las etapas del proceso electoral judicial fueron “irregulares”.
Por lo que pidió al gobierno federal que respete y reconozca las observaciones hechas por la OEA, organización que ha avalado golpes de estado por toda Latinoamérica.
“Es vital que el poder judicial opere de manera independiente y que su elección se realice bajo los principios de transparencia y legalidad, en concordancia con los estándares internacionales”, expuso Cortés.
Y es que la organización que responde a los intereses estadounidenses por todo el continente aseguró que los comicios judiciales, donde votaron cerca de 13 Millones de mexicanas y mexicanos, “no se garantizó un proceso transparente y equitativo”.
Por ello exhortó a México a tener “compromiso” con los organismos internacionales y los derechos humanos se refleje en acciones concretas.
En tanto Daniel Chimal, diputado panista, se unió al llamado de Cortés y exigió a la Presidenta Sheinbaum reconsiderar las observaciones del organismo y reflexionar en torno a la impunidad en el país, que junto con Morena debilitan a las instituciones.
Aunque la impunidad existe con el viejo Poder Judicial, puesto que el nuevo aún no entra en funciones.
Finalmente este mismo legislador defendió a la OEA después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su posicionamiento ante la intervención del organismo internacional en México.
Y es que el gobierno mexicano rechazó la validez de los comentarios de la organización golpista pues consideró que se violó el Artículo 3 de la Carta de la OEA: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga”, dice dicha carta.
“Una Misión de Observación Electoral no cuenta con la facultad para tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial”. “Menos aún, de emitir juicios de valor que rebasan sus atribuciones”, remató la SRE.