Enviado Por: Ulises Rodríguez

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, lideró una conferencia de su partido donde se posicionaron en contra de la Reforma Electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, sin embargo, su postura está basada en mentiras.
Uno de los principales argumentos del blanquiazul para oponerse a la iniciativa de reforma es que “no incluye mecanismos suficientes para evitar la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales”.
E incluso propusieron que se combata esta práctica “quitando el registro a cualquier partido que sea apoyado por el crimen organizado”.
Sin embargo, o los legisladores panistas no leyeron la iniciativa de reforma enviada por la Presidenta o bien, mienten de forma descarada y sin tapujos.
Y es que la propuesta del Poder Ejecutivo añade específicamente dos puntos a la ley electoral que buscan acabar con esta mala práctica política enraizada en algunas regiones del país desde tiempos de Felipe Calderón.
El documento que contiene la iniciativa, que ya ha circulado públicamente y contiene al menos dos adiciones a la legislación electoral sobre esta problemática, mientras la ley actual no la contempla. El primero de estos dice:
“Las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de candidaturas que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso”.
Es decir, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá canales de coordinación con las autoridades competentes para que en caso de irregularidades en alguna candidatura estas puedan actuar y mantener la legalidad de la elección.
En un segundo artículo, se prohíbe explícitamente que cualquier candidatura, en cualquier momento del proceso electoral se financie de recursos de procedencia ilícita. Y aunque esta prohibición parezca básica, en la legislación actual no hay artículos correlativos.
“Queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidatos independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”, establece. Finalmente, vale la pena aclarar que toda la información que se recabe en el sentido de presuntas actividades ilícitas quedará de forma confidencial y solo será reservada para los procesos legales correspondientes.
El semanario de Coahuila

