*Los saldos y deudas de la justicia social
en México son infranqueables, con el
neoliberalismo fue ampliamente negativo
y en la actual administración no se encuentran
los mecanismos adecuados.
Enviado por Andrés A. Aguilera.-
Hoy, la mayoría de los Estados y algunas universidades, critican al
neoliberalismo e invierten en la investigación de nuevos mecanismos para ello, que -a cuenta gotas- se han comenzado a volverse políticas públicas.
Pese a ello, y a que el actual gobierno llegó con una aplastante mayoría y legitimidad a tomar el control de las instituciones gubernamentales, lejos de retomar el camino hacia la reivindicación social, se ha empecinado en implementar -a rajatabla- los principios neoliberales.
Baste observar el cumplimiento irrestricto de tres postulados prioritarios para los “Chicago Boys”: el adelgazamiento del Estado, la reducción del gasto, tanto en el aparato burocrático como en la prestación de servicios de prioridad gubernamental como el de seguridad y salud.
Así como la cancelación de programas de asistencia social -como las estancias infantiles-, a cambio del otorgamiento directo de dinero a las personas. Las acciones que han emprendido hoy en día así lo demuestran.
En México, los saldos del neoliberalismo han sido -en su mayoría- negativos, sobre todo en aspectos como el combate a la pobreza y la redistribución de la riqueza.
En los últimos cuarenta años, los pobres se han incrementado, así como el resentimiento, el rencor y la división social. El descontento propició un cambio radical.
Primero, a través de la opción democrática, se generó la primera alternancia, en ella se buscó que los pesos y contra pesos sirvieran para evitar los excesos de una clase gobernante, que era dominada por el partido del presidente, con lo que se buscó generar bienestar.
Sin embargo, no tuvo los resultados esperados. La línea neoliberal predominó, se pervirtió la democracia y las complicidades dominaron a las buenas intenciones.
Así la desilusión prevaleció y la opción del poder único se mostró como una opción desesperada de reivindicación.
Sin lugar a duda, la esperanza que generó la actual administración está acompañada de la exigencia por desterrar las injusticias provocadas por la perversión del liberalismo; sin embargo, pareciera que todas las acciones que -a la fecha- ha emprendido, van hacia la ruta contraria.
Se adelgaza a las instituciones de gobierno, se reducen áreas prioritarias, se sobreexplota a la burocracia a menores costos; se centraliza el gasto y se destina a programas de asignación directa de recursos a las personas que los utilizaban.
Sin que ello siquiera “palie” las graves desigualdades predominantes en el país; al tiempo que priva la división y se atiza el resentimiento entre los mexicanos, con los riesgos terribles que ello conlleva para la gobernabilidad.
Estamos en el comienzo de la administración y es oportuno redefinir el rumbo.
La justicia social debe ser prioridad, pues desde hace más de un siglo quedó claro que es una gran deuda del Estado Mexicano con su pueblo y que estamos muy lejos de hacerla realidad.
No es tarea sencilla, pero resulta más que prioritario en estos tiempos.
El descontento social es grande y el resentimiento entre unos y otros crece exponencialmente y, por desgracia, en un Estado Neoliberal, eso jamás ocurrirá…