El semanario de Coahuila
Enviado Por: César Huerta
Mientras millones de mexicanos pagan puntualmente sus impuestos cada mes, un grupo de grandes contribuyentes interpusieron todas las chicanadas posibles para no pagarlos.
Por años, los empresarios más poderosos del país convirtieron el amparo fiscal en un escudo legal para evadir sus obligaciones, y el resultado fue devastador: más de 196 Mil 500 créditos fiscales -impuestos, multas o adeudos- atorados en los tribunales, que representan más de Dos Billones de Pesos que no ingresaron a las arcas públicas.
Dos Billones. Una cifra tan grande que cuesta dimensionarla. Equivale a casi todo el presupuesto nacional en salud, educación y seguridad juntos.
Es dinero que podría financiar miles de escuelas, hospitales, carreteras y programas sociales, pero que quedó congelado por juicios y amparos interpuestos por empresas y grandes contribuyentes.
El boquete que
dejaron los amparos
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), al cierre de Junio de 2025 existían 196 Mil 497 créditos fiscales en litigio.
En conjunto, sumaron 2.38 Billones de Pesos, de los cuales cerca del 65% corresponde a juicios promovidos por grandes contribuyentes -es decir, las empresas más poderosas del país-.
De ese monto, Hacienda calcula que solo podría recuperar alrededor de 620 Mil Millones de Pesos si los tribunales fallan a su favor.
El resto podría perderse entre apelaciones, amparos y procedimientos interminables.
En otras palabras: el Estado mexicano tiene un boquete de más de 1.7 Billones de Pesos.
¿Qué son los créditos fiscales?
Un crédito fiscal es, básicamente, una deuda con el gobierno. Cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detecta que una empresa o persona debe impuestos, aplica una multa o hace una revisión, genera un crédito. El contribuyente puede pagar…o impugnar.
Ahí comienza el laberinto. Quienes tienen los recursos suficientes -principalmente grandes corporaciones- contratan despachos legales que interponen amparos y recursos judiciales para evitar el pago inmediato.
Y hasta hace poco, mientras el juicio se resolvía, el dinero no entra al erario.
El problema no es que existieran esos amparos -es un derecho constitucional-, sino cómo se abusó de ellos para retrasar el pago de impuestos por años o incluso décadas.
El Amparo: la herramienta
perfecta para no pagar
Durante décadas, el amparo fiscal fue la carta más valiosa en el manual de evasión de los grandes empresarios.
Cuando el SAT les cobraba, interponían un amparo que suspendía temporalmente el cobro.
Si perdían, presentaban un nuevo recurso, y así sucesivamente. Cada paso detenía el proceso y mantenía congelado el dinero.
Algunos juicios duraron más de 10 Años, y cuando finalmente hubo una sentencia firme, los intereses acumulados o la prescripción del crédito hicieron que el Estado recuperara solo una fracción del monto original.
El caso emblemático:
Ricardo Salinas Pliego
Entre esos 196 Mil créditos fiscales, uno de los casos más visibles es el del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca.
Sus empresas acumulan 32 litigios con el SAT, por un monto estimado de 74 Mil Millones de Pesos.
Durante años, Salinas Pliego ha utilizado todos los recursos legales posibles para evitar pagar esos adeudos.
Sus abogados han presentado impedimentos, amparos y apelaciones ante tribunales e incluso ante la Suprema Corte.
Mientras tanto, sus compañías siguen operando con normalidad, y el dinero que debería regresar al Estado sigue detenido.
En junio de 2025, un juez federal ordenó a Grupo Elektra pagar 2 Mil Millones de Pesos de impuestos atrasados, y otro tribunal resolvió que TV Azteca debía cubrir 3 Mil 500 Millones más.
Pero ambos fallos aún no se ejecutan completamente porque el empresario interpuso nuevos recursos.
El caso Salinas Pliego se ha convertido en símbolo del abuso del amparo y de cómo la justicia fiscal en México avanza más lento que la justicia social.
Trece grandes deudores:
129 Millones retenidos
por jueces
En Julio de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador puso nombres -y montos- a lo que hoy se conoce como los “Amparos de Oro.”
Desde Palacio Nacional denunció que 13 grandes contribuyentes deben al fisco casi 130 Mil Millones de Pesos, pero que los jueces del Poder Judicial habían frenado los procesos durante meses, sin audiencias ni resoluciones.
“Son delincuentes de cuello blanco que no pagan impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia”, dijo el mandatario.
Otro caso es el de una refresquera, que debe 22 Mil 701 Millones, y los jueces tardaron 210 días en citarla a audiencia.
Una chatarrera con adeudo de 19 Mil 860 Millones lleva más de 700 días sin audiencia desde 2022.
También hay una cementera que debe 15 Mil 408 Millones, una minera con 11 Mil 420 Millones, una acerera con 5 Mil 693 Millones, una petrolera privada con 5 Mil 460 Millones, y un equipo de futbol con adeudo de Mil 271 millones.
En total: 129 Mil 185 Millones de pesos en impuestos no cobrados, retenidos por decisiones judiciales que postergaron los procesos.
La reforma que puso fin al abuso
Ese escenario cambió en Octubre de 2025, cuando el Congreso aprobó la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La nueva legislación establece que los grandes contribuyentes ya no podrán suspender el pago de impuestos mientras litigan.
La regla es clara: pagar primero, reclamar después.
Con ello, el gobierno busca impedir que los juicios se utilicen como excusa para evadir el pago al fisco durante años.
La reforma fue celebrada por Hacienda como un golpe histórico a la impunidad fiscal y un paso firme hacia la justicia tributaria.
Además, el SAT y la Secretaría de Hacienda trabajan en un sistema público de seguimiento digital, que permitirá saber quién debe, cuánto debe y en qué etapa judicial se encuentra el caso.
Transparencia que antes no existía y que hoy será clave para evitar nuevas simulaciones.
Los dos Méxicos fiscales
Durante años coexistieron dos realidades tributarias: la de los millones de mexicanos que pagan impuestos puntualmente, y la de los que pueden pagar abogados para no hacerlo.
Mientras unos sostenían con sus contribuciones los programas sociales, la educación y la salud, otros amparaban su fortuna detrás de los tribunales.
Con la reforma al amparo, el país da un paso para cerrar esa brecha, aunque el daño acumulado es enorme: más de dos billones de pesos que no ingresaron a tiempo al erario y que podrían haber cambiado la vida de millones de personas.
Lo que el país perdió
Con esos Dos Billones de Pesos, México podría haber construido 4 Mil hospitales comunitarios, rehabilitado 120 Mil escuelas públicas, financiado más de 10 Años del programa de pensiones para adultos mayores, o cubierto el presupuesto de seguridad pública de los próximos cinco años.
Cada peso que se quedó en litigio fue un peso que no se convirtió en medicinas, becas o carreteras.
Como lo dijo López Obrador y lo repite ahora la presidenta Sheinbaum: “El privilegio de no pagar impuestos es una forma de corrupción.”
El fin del amparo dorado
La reforma de 2025 marca el fin de una era: la del amparo como privilegio fiscal. Por primera vez en décadas, el Estado mexicano puede cobrar lo que le corresponde sin quedar atrapado en los laberintos judiciales de los poderosos.
Pero el reto apenas comienza. Porque detrás de esos juicios, de esos abogados y de esos jueces que frenaron el cobro, se esconde la historia de un país donde la justicia sirvió más al dinero que al pueblo. Ahora, con la ley de su lado, el gobierno tiene la oportunidad de recuperar lo que es del país. Y México, finalmente, de cerrar el capítulo de los amparos de oro.
