Enviado Por: Jorge Covarrubias
La reducción salarial que anunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, fue sólo una simulación, denunció en sus redes sociales la ministra Lenia Batres Guadarrama.
Y es que el presupuesto que ejercerá el máximo tribunal del país en el 2025 es mayor respecto al 2024 y las y los ministros siguen ganando más que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tal como lo hicieron en el anterior sexenio respecto al ex mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció la ministra Batres.
Esta semana, durante una sesión privada el pleno de la SCJN aprobó el proyecto de presupuesto que propuso la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, después de supuestamente analizar y escuchar las observaciones que pedían reducir su gasto, con el objetivo de acatar la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Los votos a favor provinieron de la ministra presidenta Norma Piña Hernández, así como de los ministros José González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo y Luis María Aguilar; mientras que en contra estuvieron las también ministras Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
Aunque la institución aseguró que el monto del presupuesto aprobado, cercano a los 5 mil 529 millones 450 pesos, es 23.7 por ciento inferior al que le fue autorizado hace siete años, en realidad lo que ocurrió fue lo contrario. Batres aseguró que hay un aumento en la remuneración de ministros.
Destacó que a pesar de que la aprobación del documento se llevó a cabo después d tres sesiones de discusión, “no se realizó una sola modificación derivada de las observaciones presentadas”.
“La remuneración de ministros y ministras para 2025 será de cinco millones 325 mil 949 pesos, 49 por ciento más que las remuneraciones de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. La diferencia ya no será de tres a uno sino de dos a uno”, acusó Batres.
En tono triunfalista, la SCJN afirmó que el monto solicitado a la Federación representa una disminución del 1.4 por ciento, en términos reales, considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de 2024, respecto de lo que la Cámara de Diputados le autorizó a este Alto Tribunal para el presente año.
Sin embargo, la ministra Lenia Batres reveló en sus redes sociales las inconsistencias que encontró en el presupuesto que solicitó al SCJN. Contrario a lo que se declara, el presupuesto tuvo un incremento real de 135.8 millones, 2.3 por ciento, por encima del autorizado el año pasado.
Batres aseguró que en el documento no hay medidas de austeridad y por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas; tampoco se observa una disminución en sus prestaciones adicionales que también forman parte de las remuneraciones, entre las que se encuentran: pago de defunción, apoyo de comedor, apoyo de anteojos, gastos de alimentación, gasolina, teléfono celular, medicamentos no cubiertos por el seguro, capacitación y becas, seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizado estos dos últimos prohibidos por la Ley Federal de Austeridad Republicana.
La ministra destacó que mientras que las prestaciones adicionales anuales netas para la Presidenta son de 737 mil 872 pesos, para las ministras y ministros es de tres millones 347 mil 582 pesos.
Batres señala que “no hay medidas de austeridad. Por el contrario, incrementan de manera desmedida e injustificada diversas partidas, como la de obras”; y finalmente restal que este presupuesto de la SCJN no dice nada sobre los seis fideicomisos que aún tiene el Poder Judicial, los cuales ya tendrían que haber sido entregados desde hace mucho tiempo a la Tesorería de la Federación.
“No se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN, de los cuales la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación”. “No se menciona nada de los seis fideicomisos que tiene la SCJN, de los cuales la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación”.