Enviado por Diego Llinich.-
El elemento central de la negativa del Instituto Nacional Electoral para apoyar y fortalecer el ejercicio de revocación de mandato no es el salario de los funcionarios, la falta o no de recursos para la consulta, o la viabilidad de los tiempos, es algo más de fondo.
El hecho de que los ejercicios de democracia participativa empoderan al pueblo, fortalecen a los gobiernos populares y castigan a las políticas neoliberales y antipopulares.
Históricamente el país ha adolecido de un sistema electoral imparcial y justo. Recién después de las elecciones del 88’ se decidió comenzar una transición a un sistema electoral que no dependiera institucionalmente de Gobernación o de Presidencia.
Se creó un sistema híbrido que dio vida a un instituto y un tribunal electoral, al tiempo que se mantuvo fiel a la elección facciosa de consejeros mediante el mecanismo de “cuota de partidos”.
Pero fueron las irregularidades de las elecciones posteriores a la creación del IFE, que tuvieron su máximo ápice en el fraude electoral del 2006, lo que siguió haciendo desconfiar a la ciudadanía, asomando la necesidad de otra reforma que vendría con la creación del INE en tiempos de Enrique Peña Nieto, la cual, por cierto, mantuvo el mecanismo de cuotas para la elección de los consejeros y magistrados.
Con lo anterior queremos decir algo que no es un secreto: en realidad el sistema electoral del país responde a los intereses de quienes han constituido estas instituciones y han colocado, como alfiles, a sus funcionarios.
Ahora bien, la pregunta es ¿con qué intenciones han delineado ese sistema?
Hay varias respuestas: inmunidad política, acceso al poder, fraudes electorales, negación de derechos políticos a adversarios, pero una en la que queremos centrarnos tiene que ver con la vinculación y con el enriquecimiento de los ganadores del modelo neoliberal.
El modelo neoliberal y la corrupción en México van de la mano, al igual que en el resto de los países de nuestro continente.
Durante el periodo neoliberal, funcionarios públicos, representantes populares y gobernantes pactaron con el gran capital nacional y extranjero para vender las empresas estatales, otorgar estímulos fiscales, exonerar de impuestos a sus empresas, reducir los derechos sociales de los trabajadores y establecer una política de no aumento al salario mínimo por miedo a una inflación.
Todas ellas medidas antipopulares que en sus consecuencias inmediatas tienen el aumento del costo de la vida.
En este contexto, en cada elección los candidatos prometían programas sociales, empleo, aumento al salario mínimo, fortalecimiento de los derechos sociales y crecimiento económico, para al final del día faltar a su palabra y agudizar las medidas antipopulares.
Y, como ya se imaginarán, por el modelo de democracia existente, las y los mexicanos no podíamos hacer nada, ya los habíamos elegido y teníamos que esperar hasta que en las próximas elecciones llegara el mismo gato pintado de otro color, pero con las uñas más afiladas.
Incluso, algo más grave, estos gobernantes se sabían inmunes e impulsaban de manera más agresiva estas medidas, reprimiendo a las organizaciones sociales y los movimientos cuando salían a manifestarse a las calles por estos abusos.
Mecanismos como la consulta popular y la revocación del mandato ponen pólvora en los cimientos de un sistema político y económico que ve en el sistema electoral un punto de apoyo fundamental para seguir estableciendo las reglas del juego y saquear al país.
Esos mecanismos de democracia participativa, que hoy están hoy en la Constitución, el INE y el Tribunal Electoral los buscan bloquear y adelgazar.
Como la pólvora ya está colocada, lo que queda es apagar la chispa, dejarla en meros destellos que no alcancen a derrumbar los cimientos de un sistema político que ve en la restricción de la participación popular la oportunidad para mantener el status quo de desigualdad al cual nos han llevado.
Quienes se han beneficiado durante décadas de este modelo, saben que con estos mecanismos de democracia participativa, cuando un presidente promueva medidas antipopulares como el endeudamiento, la privatización de la educación o del sistema de salud, o cuando priorice entregar el agua a las cerveceras y no a la gente, cuando se exente de impuestos a las grandes empresas pero se les cobre integro a las y los trabajadores, la gente podrá exigir la revocación de mandato para sacarlo.
O podrá convocar a una consulta para evitar que se lleven a cabo tales acciones. Esta es una de las razones principales del porque buscaron limitar la participación de la gente en la pasada elección del 10 de Abril.
Si el pueblo sale a participar hará suyo este mecanismo, comprobará y dimensionará que el poder popular y la soberanía se encuentran en sus manos y no en las manos de tecnócratas, que han alejado a la gente de la toma de decisiones alegando la ignorancia de ésta.
Les dejo una pregunta a los detractores de la revocación ¿cómo es que dar la posibilidad de que un pueblo quite a un gobernante fortalece al autoritarismo?
Malo fuera que se le diera inmunidad y que, a pesar de que no tuviera apoyo popular, siguiera en el poder…a no, pero si eso ya existe.
Será que nos quieren engañar haciéndonos ver que la revocación se trata de Andrés Manuel López Obrador y su “deseo de poder”?, cuando, en realidad, quieren ocultar que esta medida nos va a fortalecer frente a nuestros gobernantes, ya que podremos retirarles del cargo cuando nos traicionen.