El semanario de Coahuila
Millones de pesos en juicio político.
Por Edron.-
La consulta ciudadana será el 1 de Agosto.
Como en México cada vez somos menos conscientes de la pobreza que existe, nos echamos encima cuanta cuestión nos impongan así que ahora la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular del próximo 1 de Agosto, en la que los ciudadanos decidirán si se emprende el esclarecimiento legal de decisiones tomadas en el pasado por actores políticos a fin de garantizar justicia a las víctimas costará, aproximadamente, 528 millones de pesos.
Para ello se instalarán entre 50 mil y 59 mil mesas receptoras de la consulta popular para la admisión de la opinión de la ciudadanía.
No es una competencia interpartidista, es simplemente la difusión de lo que se va a decidir entre los consultados, esa es la prescripción legal.
Casi 94 millones de electores podrán ejercer su prerrogativa ciudadana y participar en la consulta popular en puerta, convocada por el Congreso de la Unión a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior con base en si “¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
Costará una suma importante.
Fue la pregunta formulada por el mandatario mexicano en su solicitud para convocar a consulta popular que presentó ante la Cámara de Senadores el 15 de septiembre del año pasado.
Pero esta fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la pregunta que estará en la boleta diseñada por el INE es la siguiente:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El INE solicitó originalmente la asignación de un presupuesto por Mil 499 millones de pesos para la organización de todo el ejercicio democrático, que por primera vez habrá de realizarse a nivel federal en México, e instalación de poco más de 104 mil casillas.
Ante la negativa, el órgano autónomo ajustó su petición a 890 millones de pesos y a 91 mil el número de casillas a instalar.
La consulta se va a realizar en una cantidad menor, significativamente menor de centros de votación que de las casillas que se instalaron en la elección constitucional del 6 de junio.
La pregunta se ha reformulado.
Esto obedece a dos razones, principalmente a que el dinero sale del presupuesto ya aprobado porque no se dio un centavo más para la realización de la consulta.
La votación es mucho más sencilla que la elección constitucional; es decir, se trata de una sola boleta con nada más dos opciones (sí o no).
No hay proyectos importantes del INE que se tengan que cancelar o posponer su ejecución con el propósito de contar con recursos para la organización de la consulta popular.
El resultado será vinculante si participan 37.5 millones de ciudadanos
La Constitución establece que el resultado de la Consulta Popular “será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y para las autoridades competentes”.
Si la participación total equivale, mínimo, a 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores, que a la fecha equivaldría a unos 37.5 millones de ciudadanos.
Las consultas populares se realizarán el primer domingo de agosto, ordena también el Artículo 35 constitucional sobre los derechos de la ciudadanía.
Los antojos de ANDRÉS MANUEL.
La Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la fracción VIII del Artículo 35 referido, regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular y tiene la finalidad de promover la participación ciudadana en las consultas populares.
Es un derecho de la ciudadanía “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional”.
Las consultas populares son convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión, y, para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, y por al menos 2% ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores.