El semanario de Coahuila
En Coahuila, la legislación exige a las familias mantener a familiares adultos con discapacidad, en la mayoría de los demás estados del país, las autoridades federales otorgan la pensión a los familiares para que la administren.
Funcionarios del principal organismo de servicios sociales que brinda servicios a las personas con discapacidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), intervienen en algunos casos de violencia familiar.
En situaciones de abandono o abuso extremos, a veces realizan gestiones para que las personas con discapacidad vivan en instituciones o con otros familiares, pero no les brindan apoyo para que puedan vivir de manera independiente.
Desgraciadamente en estados como Coahuila, el gobierno estatal y su Congreso Local, se han negado sistemáticamente a brindar el apoyo a las personas con discapacidad.
Ante situaciones como ésta: “El gobierno federal debe redoblar sus esfuerzos para incluir plenamente a las personas con discapacidad”.
Estamos a pocos días, (Junio 07) de que en Coahuila se lleven a cabo la elección de la nueva Cámara de Diputados, ojalá y el electorado despierte y no de su voto a los candidatos del PRI, que no defienden a la ciudadanía, que solo son unos “levanta dedos” al servicio del gobernador, al exponer a muchas más personas a un riesgo mayor.
Todos lo sabemos pero siempre esperamos que alguien más lo señale: El informe de 71 páginas, ‘Es mejor hacerte invisible’:
“Violencia familiar contra personas con discapacidad en México”, documenta el abuso y la desatención que enfrentan muchas personas con discapacidad a manos de sus familiares, con quienes a menudo están obligadas a convivir debido a la falta de apoyo gubernamental para poder vivir de manera independiente.
Human Rights Watch también describe los obstáculos, a veces insuperables, que deben sortear las personas con discapacidad para acceder a la justicia y protegerse de sus agresores.
Muchas personas con discapacidad en México, pero principalmente en el estado de Coahuila, están atrapadas en situaciones de violencia familiar, con pocas posibilidades de escapar u obtener justicia.
El gobierno no solo no las ha protegido sino que, en muchos casos, ha exacerbado la dependencia de estas personas de sus familias, al no darles apoyo para que ejerzan su derecho a vivir de manera independiente.
La investigación está basada en entrevistas a 140 personas, incluidos 38 adultos con discapacidad, en el estado de Coahuia.
Entre estas había personas con discapacidad física, personas sordas o ciegas y personas con discapacidades de desarrollo, como el autismo.
Las personas entrevistadas se refirieron a abusos físicos, sexuales y emocionales, desatención y confinamiento en habitaciones o camas. Algunas personas adultas que viven con sus padres han sufrido abusos desde la infancia.
La falta de políticas gubernamentales para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y elegir dónde y con quiénes desean vivir implica que no tienen muchas opciones más que permanecer con sus agresores, a veces de por vida.
En Febrero de 2019, el gobierno federal de México estableció pensiones por discapacidad de Mil 310 pesos por mes. El programa apunta a beneficiar los cerca de 7 Millones de personas con discapacidad que hay en México.
Sin embargo, las pensiones son insuficientes para vivir de manera independiente. La ausencia de otros servicios esenciales, como vivienda y transporte accesible, y asistentes profesionales que ayuden a las personas con tareas de la vida cotidiana, también impide que muchas personas vivan de manera independiente.
Las leyes de los estados y las prácticas gubernamentales también exacerban la dependencia de las personas con discapacidad respecto de sus familias.
Las personas con discapacidad también pueden tener serias dificultades para acceder a la justicia. Muchas de las fiscalías en las que tendrían que presentar sus casos no son accesibles y no prevén asistencia en las comunicaciones durante los procedimientos.
A su vez, muchos fiscales están poco informados sobre los ajustes al procedimiento que deben realizarse para ayudarlas. El acceso a refugios es muy limitado para las mujeres y sus hijos, y no hay albergues de este tipo para hombres.
El gobierno federal de México ha implementado una nueva política para proteger a las mujeres de la violencia llamada “Puerta Violeta” y está revisando algunas de las políticas vigentes, incluidas las pautas operativas de los refugios de emergencia.
El gobierno debería consultar de manera activa a las personas con discapacidad para formular y poner en práctica las políticas.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las “Personas con Discapacidad”, que México ratificó en Noviembre de 2007, reconoce el derecho de estas personas a vivir de manera independiente y tener opciones equivalentes a las de las demás personas con respecto a dónde vivir, cómo y con quiénes.
No deben ser obligadas a vivir con sus familias o en instituciones segregadas. Las personas con discapacidad también tienen derecho a ser protegidas contra la violencia y la desatención, incluso por parte de familiares, y los gobiernos deben cerciorarse de que puedan acceder a mecanismos de protección y justicia.
Los gobiernos federal y estatales de México deben proteger a las personas con discapacidad de la violencia, cerciorándose de que las leyes y políticas se refieran de manera expresa a las personas con discapacidad y garanticen la accesibilidad y los ajustes al procedimiento a través del sistema de justicia penal, señaló Human Rights Watch.
Un paso clave es asegurar que las personas con discapacidad puedan denunciar de manera segura situaciones de abuso y desatención familiar a través de mecanismos de denuncia accesibles.
Asimismo, el gobierno debería revisar la forma en que recaba datos sobre violencia y violencia familiar, de modo de incluir información desglosada sobre personas con discapacidad, incluso por tipo de discapacidad. Los organismos públicos también deberían formular un plan integral y con plazo definido para ampliar el apoyo y los servicios que favorezcan la vida independiente, entre otras cosas, generando más oportunidades de empleo, vivienda y transporte asequibles y accesibles, y la posibilidad de asistentes personales profesionales para las personas que requieren ayuda para tareas cotidianas.