El semanario de Coahuila
Enviado Por: César Huerta
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma a la Constitución para reforzar la defensa de la soberanía nacional y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo el terrorismo y el tráfico ilícito de armas.
El dictamen fue aprobado con 55 votos a favor de Morena, sus aliados, y las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN, mientras que el PRI se opuso con cinco votos en contra.
La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca blindar jurídicamente a México frente a cualquier intento de intervención extranjera y sancionar con mayor rigor los delitos que afectan la seguridad nacional.
Durante la discusión, el diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) señaló que las amenazas provenientes de Estados Unidos y la postura de Donald Trump hacia otros países deben ser tomadas como una señal para fortalecer el marco jurídico mexicano.
“No podemos escapar a la influencia de Estados Unidos, pero tampoco podemos permitir que vengan a combatir el narcotráfico en nuestro territorio como lo han hecho en Irak y Afganistán”.
Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, criticó la reforma al considerar que se trata de una medida “populista” y “demagógica” que busca fortalecer la imagen de Sheinbaum en un momento político complicado.
“La soberanía nacional se defiende protegiendo a los ciudadanos del crimen organizado y garantizando que el Gobierno no sea cómplice”, sostuvo.
Desde la oposición, la priista Claudia Ruiz Massieu expresó su desacuerdo con la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, calificándola como una respuesta ineficaz de las autoridades ante la impunidad.
Asimismo, advirtió que la reforma tiene un trasfondo político, más que jurídico, ya que la soberanía de México ya está garantizada en la Constitución. El dictamen será sometido a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, en un debate que promete seguir polarizando posturas entre quienes defienden el fortalecimiento de la soberanía y quienes consideran que se trata de una sobrerregulación constitucional con tintes electorales.