El semanario de Coahuila
Juan Andrés Arredondo Sibaja
Sabinas, Coah.- Una vez más el abuso de poder por parte del Presidente Municipal de Sabinas, Ignacio Lenin Flores Lucio se hace presente, esta vez al proceder quien se ostenta como Inspector de Transporte, a decomisar unidades de transporte colectivo que van desde combis hasta taxis por determinada falta, sin mediar, sin avisar y sin darles respuesta de las causales justo en fin de semana.
El viernes la Presidencia Municipal lució llena después de mediodía de transportistas que exigían una explicación en torno al decomiso de sus unidades.
José Guadalupe González
La respuesta llegó a través de terceros pues nunca hizo acto de presencia el Contralor Municipal Juan Andrés Arredondo Sibaja quien es el encargado de ordenar estas acciones, mucho menos el regidor comisionado a transporte, José Guadalupe González.
La pelea no es nueva pues desde 2016 se han hecho fuertes señalamientos por la forma en que se llevó a cabo la licitación del transporte.
Como se recordará, el pasado 27 de mayo de 2016, en sesión de Cabildo el alcalde otorgó concesiones de transporte público para favorecer a unos cuantos.
La fracción priista votó en contra dichos acuerdos, pero fueron aprobados por mayoría con el resto de los miembros del Cabildo pertenecientes al Partido Acción Nacional y la UDC.
De hecho, esta acción derivó en la donación del salario de la totalidad de los ediles para brindar transporte gratuito a los usuarios en la ruta Zaragoza.
El hecho -de las concesiones- constituye una violación al Código Municipal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado, así como a la Ley de Transporte Público Estatal.
Los preceptos de estas normativas establecen que la contratación de concesiones debe ser mediante licitaciones públicas, cuyo plazo entre la convocatoria y el dictamen debe ser de 30 días.
Transporte colectivo en Sabinas
Las autoridades emitieron la convocatoria el 16 de mayo y dictaminaron antes del 27 de mayo, (de 2016) con lo cual violaron los procedimientos de licitación, si es que en realidad licitaron. Por eso es que los transportistas esperaban que hiciera efecto un amparo que interpusieron.
De igual forma, la ley es muy clara al señalar que no pueden participar personas que tienen un interés personal, familiar o de negocios con el servidor público que otorga la concesión.
Todo ello le ha valido a la autoridad quien no solo no ha procedido como debe ser, sino que atenta cada vez que puede y quiere contra los transportistas.
Esta semana de nueva cuenta se recrudecerán las acciones en contra de los transportistas que no saben qué hacer, no saben qué puerta tocar y como última opción tendrán que pagar la cantidad que se les requiere por concepto de la concesión para poder tener el beneficio en los próximos 30 años.