El semanario de Coahuila
La 4T tiene a un nuevo personaje político en la mira, se trata de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Morena asegura que busca esclarecer una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional tras la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en la entidad, aunque la oposición asegura que el caso tiene tintes de persecución política.
En medio de la presión, el lunes 27 de Abril, el fiscal general del estado, César Jáuregui, presentó su renuncia al cargo y reconoció fallas en el manejo de la información.
Admitió que la Fiscalía omitió datos sobre la participación de agentes extranjeros y que la información difundida inicialmente era inconsistente.
A la par, la gobernadora designó a Wendy Chávez, como encargada del caso, quien señaló indicios de participación extraoficial de los agentes tras desmantelar el narcolaboratorio.
Además, informó que Pedro Oseguera, fallecido en el lugar, y titular de la Agencia Estatal de Investigación, era el único en saber de la presencia.
En el Senado, Morena activó un mecanismo político y citó a la gobernadora para rendir cuentas. Maru Campos decidió no acudir, argumentando que su presencia podría comprometer el desarrollo de las investigaciones en curso.
Ante la presión del oficialismo, la respuesta del PAN no se hizo esperar, quien salió a arropar a la gobernadora blanquiazul.
Los panistas también acusaron a Morena de utilizar el caso con fines políticos y respaldaron la decisión de mantener bajo reserva la información mientras avanzan las indagatorias.
Acción Nacional también elevó el tono al señalar que el oficialismo evita investigar a gobernadores de la 4T señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras concentra la presión exclusivamente en Chihuahua.
Desde otra trinchera, alejada del conflicto político, el caso tomó un nuevo giro luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que la propia gobernadora aseguró no tener conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses operando en el estado.
El propio Harfuch también ha marcado una línea respecto a la cooperación con el vecino del Norte: el intercambio de información con Estados Unidos es válido, pero no la participación directa de agentes en operativos en territorio nacional. El choque político se da mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la República, quien dio a conocer que abrió una carpeta para esclarecer los hechos, incluida la actuación de los agentes extranjeros.