El semanario de Coahuila
Enviado Por: César Duarte y Ulises Rodríguez
Mientras el discurso público de la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación se envolvía en la retórica de la autonomía, la legalidad y la defensa del Estado de derecho, en los pasillos del máximo tribunal se tomaban decisiones mucho más mundanas -y reveladoras- sobre el uso del dinero público.
En agosto de 2025, cuando ya se acercaba el relevo en la Corte y varios de sus integrantes se encontraban en la recta final de sus cargos, los ministros en funciones decidieron algo que, aunque asentado en un acta administrativa, retrata con nitidez una cultura de privilegio: autodonarse los retratos oficiales financiados con recursos del erario.
El acuerdo quedó registrado en un acta fechada el 18 de Agosto de 2025, emitida por el Comité de Gobierno de la SCJN, integrado entonces por los ministros Javier Láynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ministra presidenta Norma Piña Hernández.
El documento, en poder de Polemón, autoriza la “desincorporación” de bienes artísticos que formaban parte del patrimonio institucional de la Corte para entregarlos a particulares.
En los hechos, se trató de un mecanismo administrativo para convertir obras pagadas con dinero público en recuerdos privados.
El patrimonio público
convertido en recuerdo personal
Los retratos oficiales de los ministros no son piezas decorativas ni encargos caprichosos: forman parte del acervo histórico del Poder Judicial.
Documentan a quienes han ocupado uno de los cargos más relevantes del Estado mexicano y, por definición, pertenecen a la institución, no a las personas retratadas.
Sin embargo, el Comité de Gobierno resolvió que dichos cuadros “ya no eran necesarios para fines administrativos” y autorizó su donación directa, sin subasta, sin compensación económica y sin resguardo histórico alternativo. El Estado no recuperó un solo peso.
Uno de los beneficiarios fue el entonces ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Su retrato institucional -identificado oficialmente como “Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena”, óleo de 50 x 40 centímetros, con número de inventario 570470 y activo fijo 51000376- fue “donado de manera gratuita, pura y simple” al propio ministro.
La obra fue realizada por Anamario Hernández, nieta de Plutarco Elías Calles, fundador del PRM y figura central del viejo régimen posrevolucionario.
Con voto unánime, el Comité instruyó a las áreas administrativas de la Corte a realizar “las acciones correspondientes” para formalizar la entrega del bien mueble al ministro Ortiz Mena.
Norma Piña y el retrato
que “regresó” a la autora
El mismo procedimiento se aplicó al retrato oficial de la entonces ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La obra, titulada “Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández”, fue realizada por la artista Paola Pineda Córdova, en técnica de dibujo impreso sobre papel metálico sublimado con acrílico, con dimensiones de 60 x 70 centímetros, inventario 571663 y activo fijo 50000101.
En este caso, el “destino final” autorizado por la Corte no fue la ministra, sino la propia autora de la obra. El retrato, pagado con recursos públicos, fue donado a quien lo elaboró. Por lo cual, ya fuera del recinto, ahora mismo podría estar en manos también de la propia ex presidenta de la Suprema Corte.
El costo de la pieza no está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo que sí consta es que Paola Pineda Córdova fue trabajadora de la Suprema Corte entre 2022 y 2025 como Dictaminadora I de Proyectos Artísticos, con un sueldo bruto cercano a 148 Mil Pesos trimestrales.
Es decir, la obra fue encargada, pagada y posteriormente “regresada” en un circuito cerrado financiado por el erario.
Retratos nuevos para llenar el
vacío que ellos mismos crearon
Como si la autodonación no fuera suficiente, antes de concluir su gestión, la vieja Corte encargó nuevos retratos oficiales de Norma Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La comisión recayó en la artista queretana Diana Carolina López, quien tuvo apenas 16 días para elaborar ambas piezas.
La prisa no fue casual. Si los retratos originales no hubieran sido desincorporados y donados, no habría existido ninguna necesidad administrativa ni presupuestal para sustituirlos. La Corte primero vació su propio acervo y luego utilizó recursos públicos para volver a llenarlo.
Un ejercicio circular de gasto, perfectamente legalizado en papel, pero difícil de justificar ante la opinión pública.
La autoasignación
disfrazada de trámite
El punto más delicado no es solo la donación, sino quiénes la autorizaron. Los beneficiarios directos -Norma Piña y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena- formaban parte del órgano que votó a favor de la desincorporación.
Es decir, decidieron sobre bienes públicos que terminaron beneficiándolos directa o indirectamente.
Más allá del tecnicismo administrativo, el hecho es contundente: la vieja Suprema Corte convirtió retratos oficiales en patrimonio privado, amparándose en acuerdos internos y en una cultura institucional donde la frontera entre lo público y lo personal se volvió difusa. No hubo subasta. No hubo compensación. No hubo explicación pública. Solo un acta administrativa y la convicción de que el poder, incluso cuando se va, puede llevarse consigo algo más que recuerdos.