El semanario de Coahuila
Enviado Por: Ulises Rodríguez
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Gómez Palacio, Durango, al abogado Gerardo Covarrubias Huízar, señalado como uno de los principales responsables de las demandas laborales fraudulentas que derivaron en condenas por más de 3 Mil 500 Millones de Pesos contra el ISSSTE.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Covarrubias fue arrestado el jueves pasado a las 12:55 horas por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba sobre el Bulevar Ejército Mexicano.
Tras su captura, fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, donde será presentado ante una juez de control para definir su situación jurídica.
En un comunicado, la FGR informó que se le acusa de defraudación fiscal la cual habría ocurrido en el ejercicio 2019, aunque precisó que también se le relaciona con otros casos de corrupción vinculados al otorgamiento ilícito de pensiones mediante complicidad con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje.
El caso forma parte de una red de litigios fraudulentos en los que, según las investigaciones, abogados y funcionarios manipularon demandas laborales para obtener pagos inflados hasta 30 veces su valor real.
Miles de ex servidores públicos reclamaron al ISSSTE prestaciones como la compensación garantizada -que la Suprema Corte determinó en 2016 no debe incluirse en el cálculo de pensiones- y la indemnización global, una figura eliminada desde la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007.
Las denuncias señalan que la Junta Especial 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), con sede en Torreón, emitió fallos que favorecieron indebidamente a los demandantes, generando un daño millonario al erario.
Fuentes del Gobierno Federal indicaron que Covarrubias Huízar es considerado uno de los principales operadores de esta red, con al menos 28 carpetas de investigación en su contra, presentadas por el propio ISSSTE y la JFCA.
La FGR también investiga a Élida Guel Flores y Denisse Morán Guel, prima y sobrina del detenido, quienes habrían fungido como socias en las demandas contra el instituto.