El semanario de Coahuila
Enviado Por: Ulises Rodríguez
Un nuevo frente legal se abrió contra Ricardo Salinas Pliego y su televisora TV Azteca, luego de que dos fondos de inversión de Estados Unidos recurrieron al arbitraje internacional bajo el T-MEC para exigir el pago de una deuda por 500 Millones de Dólares.
Las administradoras Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners acusaron que el sistema judicial mexicano favoreció indebidamente a la televisora, otorgándole medidas cautelares que le han permitido evadir sus obligaciones financieras desde 2022.
El caso fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde los inversionistas replicaron la desestimación del proceso inicial contra el Estado mexicano, que -afirman- fue rechazada con argumentos “jurisdiccionales infundados”.
De acuerdo con Katherine P. Padgett, abogada de los demandantes en Washington, la deuda sigue creciendo porque TV Azteca ha gozado de una protección judicial irregular.
“No es del interés de México gastar recursos de los contribuyentes en defender a un multimillonario que evade el pago de sus deudas y de impuestos al Estado mexicano”, advirtió.
En 2022, TV Azteca consiguió que el juez Miguel Ángel Robles Villegas, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, suspendiera el pago de sus obligaciones argumentando que la pandemia de Covid-19 constituía fuerza mayor.
La resolución se dio sin audiencia para los inversionistas, y se extendió incluso después de que la OMS y el propio Gobierno mexicano declararon el fin de la emergencia sanitaria.
Meses más tarde, el mismo juez permitió que la televisora dejara de reportar información financiera al público, blindando así su desempeño y complicando las reclamaciones de los prestamistas.
Aunque en 2024 un tribunal de apelaciones condicionó las medidas a la notificación de 35 acusados, la defensa de los inversionistas sostiene que TV Azteca sigue aprovechando un proceso “defectuoso” para eludir el pago.
Por ello, responsabilizan también al Estado mexicano, al considerar que bajo el T-MEC tiene la obligación de garantizar procesos judiciales justos para inversionistas extranjeros. El caso estalla en un momento delicado, ya que se da justo cuando arrancan las consultas públicas para la revisión del T-MEC, lo que abre la puerta a que el clima judicial en México y su relación con grandes empresarios quede bajo el escrutinio de Estados Unidos y Canadá.