El semanario de Coahuila
Enviado Por: Ulises Rodríguez
Un juez federal ordenó la devolución inmediata de una casa asegurada en 2017 a los hijos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, investigado por presuntos actos de corrupción.
La resolución, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado, argumenta que el aseguramiento del inmueble fue “ilegal”, pese a que formaba parte de una indagatoria por delitos cometidos durante el mandato del ex mandatario priista.
Esta determinación nuevamente ha generado cuestionamientos en torno a la imparcialidad del Poder Judicial, ya que se ha favorecido con sus decisiones a políticos de la derecha ligados a casos de corrupción.
Por su parte, la defensa legal de Duarte celebró la resolución y señaló que “nunca se probaron los delitos”, calificando la investigación como una “farsa montada” por el ex gobernador Javier Corral, hoy Senador de Morena, y el entonces fiscal César Peniche.
“Corral engañó al pueblo de Chihuahua con la llamada ‘Operación Justicia’”, sostuvieron los abogados del ex mandatario.
Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad chihuahuense, esta decisión representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
“El regreso de esta propiedad a los hijos de Duarte no sólo lastima la memoria de quienes exigimos justicia, sino que refuerza la percepción de que el Poder Judicial protege a los poderosos”, expresó un activista local.
La resolución también deja entrever nuevamente la fragilidad de las instituciones judiciales cuando se enfrentan a intereses políticos, razón que propició la elección de las personas juzgadoras.
Algunos activistas advierten que decisiones como la devolución del inmueble “minan la confianza ciudadana y proyectan un sistema donde el castigo por corrupción es selectivo o inexistente”.
A más de siete años de que la propiedad fuera asegurada como parte de las investigaciones contra Duarte, la devolución ordenada no sólo reaviva el escepticismo social, sino que muestra nuevamente la necesidad que hubo de la reforma al Poder Judicial. Se espera que con la elección popular, los jueces ahora sean capaces de garantizar que la justicia no se dicte desde el privilegio ni la impunidad y vaya acorde a los intereses del pueblo.