El semanario de Coahuila
Enviado Por: Ulises Rodríguez
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los miembros de la familia Weinberg, quienes actuaron como socios de la trama de corrupción de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad con Felipe Calderón, habrían llegado a un acuerdo para que estos actúen como testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para concretar este acuerdo, el gobierno mexicano y los Weinberg pidieron dar por terminado el juicio civil iniciado en Miami en 2021 para recuperar 600 millones de dólares provenientes de contratos públicos.
Cabe recordar que Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, así como su socio Natan Wancier Taub, fungieron como prestanombres de García Luna para la triangulación de recursos públicos.
“Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de Febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explica el escrito conjunto presentado ante la jueza Lisa Walsh, quien de aceptar la solicitud, solo mantendrá jurisdicción sobe el caso para vigilar el cumplimiento del acuerdo.
Este acuerdo agrega que los Weinberg deberán acudir a audiencias en México para implementar el trato. Estas audiencias estaban originalmente pactadas para este pasado lunes y martes.
Sin embargo, Reforma reportó que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, aplazó las comparecencias probablemente para esta semana.
El litigio contra los Weinberg, en tanto, se enfocó sobre 28 inmuebles en Florida, comprados por empresas de papel que ellos crearon, de los que al menos 18 ya fueron vendidos por más de 28 Millones de Dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después.
Estos fondos seguramente serán parte de la reparación del daño que pagarán los Weinberg, como parte del trato con la FGR. Se trata de audiencias en las cuales los Weinberg acordarían convertirse en testigos colaboradores de la FGR, como parte de un criterio de oportunidad que les permitiría librar los cargos penales que enfrentan, a cambio de pagar una reparación del daño.