El semanario de Coahuila
*James Lael Jensen y su hijo Maxwell
Jensen, residentes de Utah, fueron acusados
por utilizar su empresa en Texas para ayudar
a las operaciones del CJNG.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a dos hombres, padre e hijo, de conspirar para brindar apoyo material a un cártel mexicano, el cual fue designado como organización terrorista extranjera.
Se trata de James Lael Jensen, de 68 años, y su hijo Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, quienes presuntamente apoyaron con su empresa los negocios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluyen el ingreso ilegal de petróleo crudo mexicano a Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), los acusados, residentes de Utah, conspiraron para proporcionar apoyo material al CJNG en forma de moneda estadounidense.
Según la acusación, los Jensens operaban “Arroyo Terminals”, una empresa con sede en Rio Hondo, Texas. Ambos conspiraron para realizar transacciones financieras con el fin de ocultar y disfrazar la naturaleza y el origen de las ganancias de bienes de contrabando ilegal, en este caso, petróleo crudo.
En el comunicado se detalla que también ayudaron a ingresar a EE.UU. aproximadamente 2 Mil 881 cargamentos de petróleo ilegal, en violación de la Ley Arancelaria.
William Kimbell, director interino de la DEA en Houston, destacó cómo una investigación de narcotráfico se convirtió en “un caso multifacético” que involucra una presunta y compleja operación criminal que genera Millones de Dólares del petróleo crudo, “una fuente mayor” de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos.
Por su parte, el fiscal federal Nicholas J. Ganjei declaró que este caso subraya un enfoque más agresivo e innovador para combatir a los cárteles de la droga, que se centra en los cómplices y facilitadores, no solo en los traficantes directos.
Las conspiraciones para proporcionar apoyo material y para cometer lavado de dinero conlleva una posible condena de hasta 20 años de prisión. A esto se suman penas de hasta 10 años si son declarados culpables de complicidad en el contrabando de mercancías a Estados Unidos mediante declaraciones falsas.