El semanario de Coahuila
Enviado Por: César Huerta
Un juez federal vinculó a proceso a María Angélica Martínez Reyes, exfuncionaria del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por presuntamente utilizar documentos apócrifos para excluir a la empresa Juni Serra S. de R.L. de C.V., vinculada al senador del PAN, Ricardo Anaya, de la lista de empresas “factureras” (dedicadas a operaciones simuladas).
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Martínez Reyes, quien se desempeñó como administradora de Fiscalización Estratégica 7 del SAT, fue procesada por delitos contra la administración de justicia y uso de documento público falso.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur determinó que la ex funcionaria llevará su proceso en libertad y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
El caso de Juni Serra:
na resolución apócrifa
De acuerdo con la FGR, Martínez Reyes emitió una resolución falsa en la que determinó que Juni Serra había desvirtuado la sospecha de ser una Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFO).
Sin embargo, la Fiscalía señaló que existía una resolución verídica en la que se concluía lo contrario: que la empresa no había desvirtuado dicha presunción.
“La imputada, aun cuando suscribió la resolución genuina en la que se tenía por no desvirtuada la presunción de que la empresa aludida era facturera, decidió autorizar y ordenar la notificación de la resolución apócrifa en la que se decía exactamente lo opuesto, beneficiando así a dicha empresa en claro detrimento de los intereses fiscales de la Federación”, detalló la FGR.
El origen del escándalo:
la venta de una nave industrial
El caso de Juni Serra se remonta a 2018, durante la campaña presidencial, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) recibió denuncias por presunto lavado de dinero relacionado con la venta de una nave industrial propiedad de Ricardo Anaya.
Según las investigaciones, Juni Serra, propiedad de Anaya, habría simulado la venta de la nave industrial a la empresa Manhattan Masterplant Development por 54 Millones de Pesos.
Aunque la FGR archivó el caso contra Anaya por falta de elementos, el SAT inició un procedimiento para determinar si Juni Serra era una empresa “facturera”.
La investigación contra Martínez Reyes fue llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR.
Según la Fiscalía, la ex funcionaria habría actuado en beneficio indebido de Juni Serra, perjudicando los intereses fiscales del país al permitir que una empresa sospechosa de operaciones simuladas continuara operando. El juez de control determinó que Martínez Reyes enfrentará su proceso en libertad, pero deberá presentarse periódicamente ante las autoridades mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.